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Reacción de las cinco patronales de la construcción ante la desinversión

Las constructoras alertan sobre los efectos del recorte inversor y piden un plan de ayudas

Los líderes de las cinco patronales de la construcción han hecho público un análisis conjunto sobre las consecuencias que para ellos tendrá el recorte en obra civil anunciado por el Ministerio de Fomento. Para las asociaciones, estos recortes tendrán un “efecto devastador” sobre la actividad y sobre el conjunto de la economía española.

Por Construarea.com - 29/07/2010

Obra en una red ferroviaria

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC), la patronal Seopan, la Asociación Nacional de Constructores Independientes (Anci), la Asociación Nacional de Empresas Constructoras de Obra Pública (Aerco) y la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construccion (Cepco) han suscrito un comunicado conjunto en el que alertan sobre las consecuencias negativas que supondrá el importante recorte en obra civil anunciado por Fomento. Para estas asociaciones, “el plan de ajuste es una acción gravemente perturbadora para el crecimiento económico y el empleo”.

Para las asociaciones, la cancelación de los 32 contratos de carreteras y ferrocarriles y la demora entre uno y cuatro años de otros 199 proyectos de obra pública, tendrá “repercusiones muy negativas sobre el empleo y sobre la cadena de producción asociada a la obra pública”.

Con este recorte, que afecta a un 20% del total de 1.166 actuaciones de más de un millón de euros actualmente en marcha, y que se enmarca dentro de las actuaciones para corregir el déficit público del 11,2% con el que cerró 2009 hasta el 3% en 2013, se persigue una reducción de 1.300 millones y el ahorro de un 22% de media en los costes de construcción de las nuevas infraestructuras.

Para el sector de la construcción, la reducción del gasto no debe recaer preferentemente en la inversión pública, “ya que ésta constituye el arma más importante a disposición de los Gobiernos para potenciar el crecimiento por su carácter anticíclico, y su impacto inmediato sobre la actividad económica y el empleo”.

El impacto de las desinversiones, según el sector de la construcción, supondrá una destrucción no menor de 115.000 empleos, ya que “por cada millón de euros que se recorta en inversión se destruyen 18 puestos de trabajo”.
Así mismo, critica al Gobierno de que “no se perciba ninguna intención por su parte de prever un plan de reestructuración para el sector, dada su dependencia de la obra pública, como ya se ha hecho para otros sectores de la economía productiva”.

Las constructoras piden, por otro lado, “el establecimiento de tasas o peajes que estuvieran vinculados con la prestación del servicio como alternativa a la actual situación” y que se busque “en otros yacimientos de gasto corriente” el importe que compense la cifra de reducción prevista para 2011.

Además, alertan de de que si Fomento no paga en lo que queda del año 2010, “las empresas constructoras que tienen hoy contratos vivos con Fomento, entrarán en una situación de falta de ingresos que unida a las obligaciones dimanantes de la nueva Ley de Morosidad, las llevará inevitablemente a situaciones concursales que pueden acabar en quiebras provocadas no por los mercados sino por la propia actuación de la política gubernamental. Dilatar el cobro para éstas y acelerar los pagos que deben ejecutar sólo puede llevarlas al concurso de acreedores”.

Por otro lado, se da la situación por la cual según la actual ley de contratos del Estado, cuando la "Administración desiste de realizar un contrato, el contratista tendrá derecho al 6% del precio de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial". Por este concepto, el Ministerio de Fomento se vería en la obligación de desembolsar 120 millones de euros. Si no existe acuerdo en este sentido, las diferencias entre cliente y proveedor se resuelven en el Tribunal Supremo.

Las patronales proponen soluciones como los ingresos fiscales por otras vías como los carburantes o el tabaco, o la ejecución de privatizaciones de organismos que prestan servicios públicos “como Aena u otros, e incluso en el marco autonómico”, poniendo como ejemplos televisiones o empresas públicas.

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